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Como el Juez Eduardo Tenorio explica recientemente, América Latina está inmersa en una era de euforia por la construcción de estados democráticos y sociales basados en el estado de derecho. Un sistema jurídico independiente y transparente, y con un sistema de resolución de conflictos justos, es la clave fundamental para un gobierno democrático. Desgraciadamente, a pesar de sus mejores intenciones, los países industrializados no han podido promover los fondos ni programas suficientes para establecer el estado de derecho o proveer un eficiente y equitativo acceso a la justicia. Como reporta Thomas Carothers parafraseando a un ex-oficial de USAID y actual empleado del Banco Mundial.

Frecuentemente las reformas jurídicas han funcionado basándose en elementos superficiales y no en estructuras fundamentales; en muchas ocasiones los que proporcionan fondos han escogido a clientes o aliados interesados en mantener el status quo. Los intentos para expander el acceso a la justicia y de asegurar un trato más justo para la mayoría de los ciudadanos sigue realizándose de una manera incompleta y, en algunos países, ni siquiera se ha logrado. Además, continúa la corrupción, estructuras verticales demasiado rígidas, el compadrazgo y una inadecuada misión organizacional de tal forma que la confianza pública en los sistemas jurídicos sigue siendo baja; el crimen sigue en aumento, y muchos negocios prefieren arreglar sus disputas extra-judicialmente. La productividad de los tribunales, no corresponde a las necesidades.

Desafortunadamente, aunque se han invertido decenas de millones de dólares en América Latina para la reforma jurídica, reforma legal y para proyectos del estado de derecho, poco es lo que se ha logrado. Esto no es por falta de interés. Existen, en realidad, muchas comunidades en América Latina dedicadas a la reforma legal y jurídica. Sin embargo, con frecuencia el trabajo de algunos de estos actores opera en un vacío institucional. Existe duplicación de metas, resultados pobres y aparentemente una escasez de fondos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Programa de Desarollo de las Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo Inter-Americano, la Organización de Estados Americanos, gobiernos Europeos y otras organizaciones, apoyan los trabajos sobre el estado de derecho y acceso a la justicia. Aún así, se necesitan más asociaciones y colaboración inter-sectorial en este proceso de reforma.

-Cómo se distingue la capacitación de ACCESO

Los talleres de capacitación de ACCESO se basan en el principio de que el aprendizaje se logra por medio de la práctica. Además utilizan manuales y simulaciones que han sido especialmente exitosas con los estudiantes.
Típicamente, en nuestros seminarios los maestros enseñan habilidades específicas y técnicas especializadas para la promoción y protección del estado de derecho. Los participantes ponen en práctica las habilidades ilustradas en los cursos y reciben una crítica constructiva de sus compañeros. Nuestro extenso currículum incluye programas de fortalecimiento de las habilidades de abogacía, en las cuales las simulaciones o ejercicios de los participantes son filmadas. Después, en el salón de prácticas, cada participante analiza su video con un profesor y recibe un análisis personalizado acerca de su técnica, estilo y estrategia. Todo esto se logra en un ambiente que conduce al aprendizaje. Además, cada programa incluye, formal o informalmente, temas de profesionalismo y ética dentro de un marco legal, haciendo hincapi� en la responsabilidad profesional. Los respectivos estatutos de ética profesional son utilizados en el proceso de enseñanza y en los grupos de discusión. Los grupos de discusión operan como creadores de ideas y foros para compartir las mismas.